Montilla y la metamorfosis del decreto

Aquí dejamos la nota completa que publicó el diario El Mundo con respecto al "incidente", que seguramente será disculpado como un simple "traspapelamiento" de distintas versiones mientras iban a toda pastilla al BOE para que saliera publicado...

No tienen vergüenza, ni freno. Simplemente hacen lo que les da la gana. Y la masa, callando y mirando para otro lado. Sin siquiera arquear una ceja o fruncir el ceño frente a estos ataques insoportables a la libertad y a la legalidad.

Montilla altera en el BOE el decreto del Consejo de Ministros contra E.ON

El texto publicado en el Boletín con las firmas del Rey y Zapatero incluye una cláusula dando poderes ilimitados a la CNE que no figuraba en la redacción literal incluida en la referencia oficial de Industria - Elimina, en cambio, unas líneas en las que se vinculaba la nueva norma con la OPA de la empresa alemana sobre Endesa

CARLOS SEGOVIA

MADRID.- El Real Decreto Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado para frenar la compra de Endesa por parte del grupo alemán E.ON altera la versión literal oficial acordada por el Consejo de Ministros apenas cuatro días antes. Los servicios del ministro de Industria, José Montilla, han agregado una cláusula que refuerza aún más los poderes discrecionales de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), adscrita al Ministerio, para frenar la Oferta Pública de Adquisición de acciones de E.ON sobre la primera compañía eléctrica de España.


La cláusula introducida en la nueva propuesta que Montilla ha elevado a Presidencia del Gobierno para su publicación en el BOE no aparecía en la versión literal aprobada por el Consejo de Ministros difundida oficialmente el pasado viernes por el propio Ministerio de Industria.

En la redacción dada a conocer el viernes 24 por Montilla, se exponían tres motivos por los que la CNE podía autorizar o denegar una operación. Pero en el BOE del día 28 aparecen finalmente cuatro.

El texto alterado, al ser un Real Decreto Ley, está firmado por el Rey Don Juan Carlos y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Su articulado está redactado por el Ministerio de Industria con teórico visto bueno de Presidencia del Gobierno, que es la autoridad que diligencia este tipo de textos legales para la firma real y su publicación en el BOE. La tramitación de este instrumento legal, previsto para urgencias, ha estado acompañada de diversas singularidades.

En primer lugar, fuentes gubernamentales confirmaron el pasado jueves que Montilla lo elevaría al Consejo de Ministros del día siguiente por razones de urgencia. Lo habitual en estos casos es que se publique en el BOE del sábado, o, a lo sumo, el lunes.Pero no se publicó hasta el martes. El súbito deseo del Gobierno de reforzar los poderes de la CNE se produjo cuatro días después de que la canciller alemana, Angela Merkel, sorprendiera negativamente a Zapatero con la noticia de que E.ON iba a lanzar una OPA competidora sobre Endesa.

El presidente del Gobierno, que ha autorizado la oferta de Gas Natural (controlada por la Caixa) sobre Endesa, dio orden de buscar todos los resquicios legales para frenar la operación y el resultado fue la propuesta de Montilla del pasado viernes al Consejo de Ministros dando poderes a la CNE para tener derecho de veto sobre operaciones como la alemana.

Tras la reunión del Consejo, Montilla dio cuenta a los periodistas del resultado y difundió una nota de prensa con la literalidad de lo acordado. «El Real Decreto Ley aprobado hoy reforma la función 14 de la CNE contenida en la Disposición Adicional Undécima, Tercera 1, de la Ley del sector de Hidrocarburos, a la que dota de una nueva redacción, cuyo texto queda como sigue», advertía la nota de prensa de Montilla antes de reproducir lo aprobado por el Gobierno de la Nación.

Pero en el BOE aparece ese mismo texto con tres modificaciones.La más importante es la agregación del citado cuarto motivo para vetar una OPA. Entre las «causas» por las que «las autorizaciones podrán ser denegadas o sometidas a condiciones» aparece de pronto un nuevo apartado 2c) que dice así: «La posibilidad de que la entidad que realice las actividades mencionadas en el apartado 1 anterior de esta función décimo cuarta [las reguladas por la Administración española] quede expuesta a no poder desarrollarlas con garantías como consecuencia de cualesquiera otras actividades desarrolladas por la entidad adquiriente o adquirida» (ver reproducción adjunta).

Expertos consultados señalaron a este diario que tan farragosa y amplia redacción - «cualesquiera otras actividades»- otorga a la CNE altos poderes discrecionales. Con esta cláusula, por ejemplo, podría defender que los vínculos de E.ON con los yacimientos rusos de gas ponen en peligro los compromisos de Endesa con el gas argelino.

Fuentes oficiales de E.ON declinaron hacer comentarios a este diario sobre esta alteración e insistieron en su convicción de que ni las autoridades comunitarias ni las españolas pondrán objeciones a su solvencia y capacidad de potenciar Endesa.

La incorporación de un nuevo apartado 2c) no es la única modificación.Según Montilla, el Consejo de Ministros aprobó como «justificación de la nueva norma» que la existencia de insuficiencias legales en la capacidad de la CNE «adquiere carácter de extrema y urgente necesidad, puesto que existen o pueden existir operaciones en curso o previsibles de profundo calado con efectos que pueden resultar de difícil e imposible corrección». Es decir, que el Real Decreto Ley nacía para frenar la OPA de E.ON.

Sin embargo, en el BOE aparece el texto siguiente: «Adquiere carácter de extrema y urgente necesidad, por cuanto que es necesario establecer sin dilación las características de la nueva regulación, de manera que los agentes económicos dispongan de unas perspectivas claras del marco jurídico en el que ejercitar sus opciones empresariales o financieras». La eliminación de la frase inicial puede responder al deseo de borrar huellas de que todo se hace contra E.ON, porque la Comisión Europea prohibiría con medidas cautelares toda iniciativa específica para frenar a una empresa comunitaria en otro país de la Zona Euro.

Y hay otro cambio, en el apartado 2b), donde se decía «protección del interés general en el sector energético definido por el Gobierno», en el BOE se elimina lo de «definido por el Gobierno», intentando, quizá, rebajar, aromas intervencionistas.



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¿Error o falsedad?
Una alteración de un documento público de esta naturaleza puede responder a una equivocación de transcripción, bien en la nota de prensa del viernes o en el BOE del martes, subsanable a priori con una fe de errores. Pero si no es así, E.ON podría esgrimir hasta presunta falsedad de documento público. El artículo 390 del Código Penal establece que «será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. Faltando a la verdad en la narración de los hechos».

El secretariado del Gobierno en Moncloa es el responsable de cotejar que los textos remitidos por los ministerios con destino al BOE correspondan a las actas de Consejo de Ministros.